LA INQUISICIÓN, ARAGÓN Y GALLUR

El tema del Tribunal de la Santa Inquisición es muy controvertido, envuelto dentro de mucha leyenda negra pero también de intentos de aminorar el impacto real que tuvo intentando comparar a la Inquisición hispana con las de que hubo en otros lugares de Europa. En primer lugar y desde el punto de vista histórico, fue la única institución, junto a la propia monarquía y la Iglesia, que tuvieron en común las coronas de Aragón y de Castilla desde el siglo XV hasta inicios del XVIII. A sus espaldas carga con una leyenda negra y con otra rosa. Ambas son falsas o mejor dicho, están llenas de medias verdades, que viene a ser lo mismo.

En comparación con todas las personas que fueron procesadas por la inquisición, fueron “pocas” las sentenciadas a morir en la hoguera, al contrario de lo que se suele pensar. Muchas menos fueron quemadas vivas: sólo si no se arrepentían de su herejía. Los protestantes, que hicieron tanto por crear la leyenda negra, ejecutaron a mucha más gente, sobre todo en el caso de las brujas. Pero tampoco esto sirve para crear una leyenda rosa, ya que la inquisición española fue terrible. La gravedad de la inquisición no fue la gente que mató, que fue poca si hacemos balance con todos a los que procesó, sino el control social, de las ideas y de la mentalidad.

LA INQUISICIÓN EN EL REINO DE ARAGÓN

El Tribunal del Santo Oficio surgió para perseguir la herejía de los cátaros en el siglo XIII y llevaba desde entonces en Aragón. Pero en el territorio aragonés era una inquisición muy «light«. Todos sus miembros eran oriundos del reino. Además existía la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura. Aquí, hasta el reinado de los Reyes Católicos la inquisición prácticamente no había sido usada.

Sin embargo, todo esto estaba a punto de cambiar. En el año 1478 se creó la inquisición en los reinos gobernados por los Reyes Católicos, que era muy distinta y que estaba controlada directamente por los monarcas, quienes elegían a los inquisidores en lugar de hacerlo las altas instancias de la Iglesia. Se puso en funcionamiento en 1482 y se extendió a Aragón en 1483 perdurando durante 352 años. En todo ese lapso de tiempo ninguna de las tres familias reales que gobernaron hizo algo por suprimirla, ya que era una especie de «policía» al servicio del Estado, un instrumento excelente para conservar el orden establecido. Sólo al principio tuvo una motivación religiosa.

En Aragón hubo oposición hasta el punto que en la ciudad de Teruel no dejaron entrar al Santo Oficio. Entonces Fernando el Católico presionó con sus ejércitos castellanos las fronteras del reino y, al final, a los turolenses no les quedó más remedio que acceder. La Diputación General también se opuso a la implantación de esta inquisición, alegando que «en Aragón no había herejes, que era un reino cristianísimo«.

Es en este contexto en el que hay que entender el asesinato del inquisidor Pedro Arbués en la Seo de Zaragoza, presuntamente por judíos conversos. Este aragonés fue beatificado en 1662 por el papa Alejandro VII, santificado en 1867 por Pío IX e incluso se le dedicó una capilla en la catedral. Es por esta época también cuando se pone por escrito la historia de Santo Dominguito de Val, que es la de un niño cristiano asesinado por unos judíos que imitan en sus carnes el martirio de Jesús. El objetivo es señalar lo peligrosos que son los falsos conversos y legitimar el papel de la inquisición.

El pactismo aragonés, aparte de tener cláusulas como la prohibición de la tortura y la presunción de inocencia, tenía instituciones como el Justicia (una especie de Tribunal Supremo), que impedían a los monarcas gobernar de manera absoluta y deshacerse de quien no le gustara. Este tipo de inquisición permitía saltarse todo esto a la torera. Bastaba con que el rey pidiera al Santo Oficio que acusara de hereje a aquella persona de la que quería librarse, así que se usó como arma política por Fernando el Católico y por todos los monarcas de la dinastía de los Austrias.

Luego estaba el tema de los «familiares» de la inquisición, que en Aragón eran muchos (bastantes más que en Castilla). Éstos eran informantes de la inquisición. No cobraban pero estaban exentos del alojamiento de soldados, estaban por encima de las leyes del territorio, de las autoridades civiles y no estaban sometidos a la jurisdicción de ningún señor. Sólo podían ser juzgados por la inquisición. Tenían mucho poder, podían acusar a quien quisieran y nadie osaba actuar contra ellos. El enfrentamiento aragonés con la inquisición se produce fundamentalmente porque demandan que los familiares sean civiles.

En Aragón, la monarquía usó la inquisición para solucionar sus problemas políticos, especialmente contra los foralistas, defensores del tradicional pactismo aragonés que dificultaba el gobierno absoluto de los reyes. Este y otros asuntos generaron constantes tensiones con los aragoneses, que desembocaron en la rebelión de 1591 que acabó con la ejecución del Justicia Juan de Lanuza. La llamada inquisición española fue, por lo tanto, una institución eclesiástica controlada por la realeza y al servicio de ésta, utilizada como una máquina represora bien engrasada.

LA INQUISICIÓN EN GALLUR Y ALREDEDORES

En el reino aragonés, la sede central de la inquisición se estableció en parte de las dependencias del palacio real de la Aljafería de Zaragoza, aunque por supuesto tuvo subsedes tanto en la misma capital aragonesa como en otras villas importantes. No hay que pensar en una inquisición presente de forma efectiva en todas y cada una de las localidades, pero sí que solía haber algunos de esos «familiares» o agentes que informaban al tribunal de posibles casos de herejía bajo su punto de vista.

No conocemos mucho acerca de este tema en el mismo Gallur, pero aun así se conservan algunos nombres en momentos muy puntuales de colaboradores tanto en nuestra localidad como en otras zonas de nuestro entorno. En el caso de los familiares, conocemos varios casos galluranos, como el de Custodio Bueno y su esposa Graciosa de Guisombart, que no sabemos cuándo ejercieron exactamente como familiares, pero que seguro que lo hicieron antes del año 1616. Y es que a partir de ese año y hasta 1635 tenemos a otros dos galluranos que eran familiares de la inquisición, que fueron Juan Navas y Miguel de Ortí.

Además de esos familiares que eran la base de los informantes, cada tribunal tenía también los llamados «calificadores», que tras recibir una denuncia eran los que acababan determinando si se había producido un ataque de una forma u otra a la fe católica. De la cercana Borja sabemos gracias a las investigaciones del Centro de Estudios Borjanos la existencia de fray Manuel Irache, que entre los años 1714 y 1745 fue calificador sinodial del arzobispado de Zaragoza.

Después estaban los «comisarios», que eran siempre sacerdotes pero que contaban con cierta formación académica además de la religiosa y que, aunque trabajaban de forma itinerante, solían tener una sede desde la cual actuaban. En el caso de Gallur nos ha llegado el nombre de uno de sus comisarios, Juan Gil, que fue vicario de nuestro pueblo entre los años 1616 y 1635 y que ocupó también ese cargo inquisitorial. Por último estaban los notarios inquisitoriales que tomaban testimonio de las actuaciones que hacía el tribunal y de los interrogatorios que se hacían a los encausados. Eran siempre sacerdotes, aunque en este caso no nos ha llegado el caso de ningún notario de Gallur.

CASTIGOS DE LA INQUISICIÓN

El castigo más famoso de los que ejercía la inquisición era, como hemos comentado a inicios de este artículo, la muerte, normalmente por la hoguera como símbolo de purificación. En caso de que el reo condenado se arrepintiera de sus supuestos pecados, se le aplicaba cierta clemencia, estrangulándole a través del garrote vil y quemando posteriormente su cadáver. Pero si no se producía dicho arrepentimiento se procedía quemarle vivo, un destino realmente terrible. No sólo lo hacían los católicos, pues al aragonés Miguel Servet le quemaron vivo los protestantes calvinistas en la ciudad suiza de Ginebra.

Sin embargo, estos casos, los llamados «autos de fe», eran mucho menos comunes de lo que se pueda pensar, y la inquisición realizaba otros castigos que no significaban la muerte pero que pueden ser incluso peores a la larga. Por ejemplo, a un acusado de herejía se le podía poner el llamado «Sambenito», que viene de «saco bendito», una prenda que el condenado tenía la obligación de llevar durante un determinado tiempo y que significaba su total exclusión de la sociedad. Esto podía afectar también a su familia o que incluso esta, para verse afectada lo menos posible, le apartara totalmente, con todo lo que eso puede significar en cuanto a la psicología de los afectados.

Pero una vez que terminaban de portar ese Sambenito, la Iglesia y la inquisición no iban a permitir que el castigo quedara olvidado, asegurándose que quedara marcada esa persona y esa familia para siempre. Era tradición el colgar ese Sambenito en la iglesia a la cual pertenecía esa persona, de lo cual proviene la actual expresión de «colgar el Sambenito«. Hay casos que se han conservado y se pueden ver, como es el caso de los que están en el Museo Diocesano de Tuy que se ven en la imagen.

Sambenitos en el Museo Diocesano de Tuy

También a veces se amenazaba a una persona o a una familia de hacer conocer a la gente que había tenido un antepasado acusado de herejía, lo que les hacía inmediatamente sospechosos de herejía. Estas amenazas son el origen de otra expresión que seguimos usando hoy en día como la de «airear los trapos sucios«, haciendo referencia a esos sambenitos de tela que además con el tiempo cogían una enorme suciedad, además de la propia mala fama que te podían dar. Por suerte, esos tiempos ya quedan lejos.

Sergio Martínez Gil y Santiago Navascués Alcay

Historiadores


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