En tiempos del Antiguo Régimen las revueltas campesinas estaban a la orden del día. Eran años en los que las inclemencias climáticas podían generar malas cosechas y hambrunas generalizadas. A esto se unía el cobro de rentas señoriales, el pago de diezmos y la existencia de acaparadores de grano, que sin escrúpulos, en tiempos de abundancia lo almacenaban para provocar escasez y que subieran los precios, matando de hambre a las masas que no podían pagar unos precios tan altos por el pan. Otras veces los lugareños veían como se llevaban en carros todo el trigo del pueblo para venderlo más caro en otra parte.
Todo esto generaba continuas algaradas de los labradores contra los señores, los acaparadores, los molineros y los comerciantes. Eran, lo que los historiadores de la Edad Moderna denominan, rebeldes primitivos: se amotinan contra lo que consideran injusto, contra los excesos del sistema pero no se les ocurre cambiarlo. En España el clásico ejemplo de esto lo tenemos en el Motín de Esquilache del año 1766. El motín comenzó en Madrid y se extendió por un gran número de ciudades en toda España, entre las que destaca Zaragoza, una de las urbes en las que la revuelta se desató con más virulencia.
El marqués de Esquilache era un ministro, que desde su anterior gobierno en Nápoles, gozaba del apoyo del rey Carlos III y que pretendía restaurar la villa de Madrid. Entre su programa estaba la construcción de fosas sépticas, mejorar el alumbrado, la limpieza y pavimentación de las calles. En la línea de su proyecto reformista, prohibió el uso de la capa larga y el chambergo, ya que esta vestimenta facilitaba ir de incógnito, el enmascaramiento de armas y por consiguiente, incitaba a cometer todo tipo de delitos que quedaban en el más oscuro anonimato. Esta fue la chispa que originó el motín. Los súbditos se tomaron esta decisión como la implantación de una moda extranjera por un ministro italiano. Los amotinados no pretendían cambiar el orden establecido, como demuestra su consigna: ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache!. Fue algo premeditado y preparado durante semanas, orquestado por las grandes familias para derrocar a un ministro extranjero que les disputaba su posición en la Corte. Lo que ocurrió es que coincidió con una hambruna generalizada y las clases bajas secundaron la revuelta a causa de los altos precios de los productos de subsistencia. En Zaragoza, por ejemplo, los rebeldes la emprendieron contra los comerciantes y lo que pedían es que bajara el precio del pan.
El alboroto se extendió también a localidades menores y al mundo rural. En concreto, en Aragón nos encontramos con que el 7 de abril en Borja se publicó un pasquín en el que se amenazaba al gobierno local si no bajaba el precio del trigo. La corporación local accedió a las demandas populares y abarató el pan, el aceite y otros productos de primera necesidad para salvar el pellejo. Además reforzaron la guardia nocturna por lo que pudiera pasar. También hubo amenazas a los gobiernos de Daroca, Calatayud y Alcañiz y sendas rebajas de los productos de subsistencia. Estos acontecimientos se repitieron también en Barbastro, Monzón, Fonz, Estadilla, La Cartuja zaragozana, Benabarre y Castejón de Monegros. En Huesca hubo una revuelta que, al igual que en Zaragoza, tuvo que disolverse a la fuerza. Incluso en la pequeña población de Codo sabemos que ocurrió algo, ya que el 10 de abril los amotinados quemaron los archivos.
Sin embargo, no tenemos noticia de que ocurriera nada en Gallur ni en ninguno de los pueblos a la redonda. No sé si tendrá algo que ver que desde mediados del siglo XVIII, hasta el año 1773, se instaló en Gallur un pósito real con una capacidad de 135 fanegas de grano. Para el que no lo sepa, la palabra «anega» que utilizan nuestros mayores deriva de «fanega», que era una unidad de medida. Por otro lado, un pósito era un almacén municipal cerealístico que otorgaba préstamos de cereal en condiciones muy favorables para los más necesitados. Quizás el campesinado de la zona no la pasara tan mal como en otros lugares. Además, desde el año 1734 se estaban haciendo obras y presentando proyectos para adecentar y mejorar la Acequia Imperial, antecedente del Canal Imperial de Aragón que era esencial para los cultivos galluranos. Puede que los labradores de estos pueblos no se sintieran tan mal tratados como para secundar el Motín de Esquilache del año 1766.
Lo que ocurrió en Gallur años atrás, en el 1737, es algo que no tiene nada que ver con el posterior Motín de Esquilache. Es más bien un conflicto político por el gobierno del pueblo entre sus caciques y señoritos, cada uno de ellos con sus respectivas clientelas y partidarios. Sabemos muchos detalles de lo que ocurrió porque se conservan las declaraciones del juicio, cuyo juez era el mismo alcalde de Gallur, Thomás Sánchez, que se vio afectado por los acontecimientos.
El 19 de enero de ese año el acalde Thomás Sánchez tuvo una reunión con los regidores Pablo de Campos, Antonio Bueno y Pedro Rodríguez, también con el síndico procurador Nicolás Quayzan y con el secretario del ayuntamiento Joseph Sinues. El objetivo de dicha asamblea era nombrar nuevos regidores. El alcalde presentó una lista de candidatos al puesto que no gustó a Antonio Bueno, especialmente conflictiva fue la presentación de la candidatura de Pedro Navasques, a la que también se oponían Pedro Rodríguez y Nicolás Quayzan. Era sabido por todos que Pedro Navasques estaba enfrentado con los regidores del momento.
A pesar de ello el alcalde se empeñó en presentar a Pedro Navasques como candidato y la discusión subió de tono. El alcalde mandó callar a Antonio Bueno y, ante su negativa, lo detuvo en nombre del Rey en las Casas del ayuntamiento. Pero Antonio, ayudado por su hermano Clemente, detuvieron al alcalde. Pedro Rodríguez comenzó a dar gritos en nombre del Rey para avisar a la gente armada.
Estuvo a punto de haber un enfrentamiento armado, a cuchilladas y espadazos, entre los partidarios del alcalde, Pedro Navasques y Pablo Campos contra los simpatizantes de Antonio Bueno, Pedro Rodríguez y Nicolás Quayzan. Algunos, como Pedro Rodríguez, viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, adoptaron posturas intermedias e intentaron llegar a un acuerdo en el que cedieran ambas partes. Pero de nada sirvió. Al final, cuando estuvo a punto de estallar la pelea, entre ambos bandos se pusieron varios hombres respetados y eclesiásticos, impidiendo que corriera la sangre y evitando el desastre.
A los días fue al propio alcalde al que le tocó ejercer de juez y juzgar los acontecimientos. Los cabecillas fueron sentenciados a 50 libras de multa y 4 años de destierro. Mientras, la condena de los que les secundaron fue de dos años de destierro.
Los encausados estuvieron encarcelados en Zaragoza hasta que acabó el juicio en marzo. Una vez conocieron la sentencia, solicitaron que se les perdonara la multa, ya que el día de los hechos les embargaron todos sus bienes y no tenían con qué pagarla. También pedían que les fueran revocados los cuatro años de destierro, ya que implicaban que sus tierras quedaran yermas y que sus familias no pudieran sobrevivir, viéndose obligadas a abandonar el pueblo con ellos.
El juez-alcalde no tuvo piedad y a partir del 14 de marzo les dio 15 días para que salieran del pueblo. La multa se saldo con la parte correspondiente de los bienes que les habían requisado.
Santiago Navascués Alcay
Lcdo. en Historia por la Uni. de Zaragoza
BIBLIOGRAFÍA
- Andrés Gallego, J. (2003); El motín de Esquilache, América y Europa, Biblioteca de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- Blanco Lalinde, L. (1995); Historia de la villa de Gallur, Ayuntamiento de Gallur y Diputación de Zaragoza.
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