El 18 de julio de 1936, con un Golpe de Estado, daba comienzo la Guerra Civil (1936-1939). Que un territorio se decantara por un bando u otro dependía de la resistencia que ofrecieran las autoridades locales a los sublevados.
Gallur resistió a los golpistas unos pocos días pero acabó cayendo en sus manos, al igual que la mayor parte de la provincia de Zaragoza.
Al inicio de la guerra, el gobierno republicano se encuentra con que buena parte de su ejército se le ha sublevado y tiene que entregar armas a las milicias obreras para frenarles. Les va a costar bastante tiempo crear un ejército gubernamental sólido, unificado, disciplinado y ordenado.
En el lado de los golpistas la contribución de los nazis y de los fascistas italianos les ayuda a tener una superioridad armamentística y de medios, mientras la cooperación internacional que obtiene el ejército republicano es muy tibia.
Es decir, el ejército sublevado es muy superior al republicano. Pero al inicio de la guerra no estaba tan clara esta situación. La aviación republicana al principio era mejor, aunque luego, gracias a la aviación nazi, los golpistas dominaron los cielos españoles sin contestación. Y, aunque al principio de la guerra el ejército de los republicanos era un desastre, la situación también era algo caótica en el otro bando. Así lo demuestran las requisiciones militares que se hicieron en Gallur, ya que evidencian una carestía de bienes básicos que necesita cualquier fuerza armada.
Al principio de la guerra se requisó un camión; caballos y mulas; montones de camas, edredones y almohadas; utensilios de mesa y cocina; sillas, plumas y todo tipo de material de oficina; y locales para el alojamiento de las tropas.
Para hacer estas requisiciones se consultaba los censos militares de años anteriores, de tiempos de paz, en los que aparecen las posesiones de los vecinos que pueden ser de interés para el ejército en caso de guerra. En el ayuntamiento de Gallur no sólo hay censos de Gallur, sino también de pueblos vecinos como Magallón y Frescano, lo que indica que nuestro pueblo se utilizaba como centro de operaciones para hacer expropiaciones en toda la zona. Se anota también, con nombres y apellidos, las personas a las que les expropian esos bienes con la intención de devolvérseles en un futuro. Eso no quiere decir que estos vecinos pudieran negarse a aportar los materiales solicitados. De hecho, el incumplimiento de estos requerimientos suponía ser arrestado.
La situación cambia a partir del 1 de julio de 1937. Se han estabilizado los dos frentes y el general jefe del ejército del centro, Andrés Saliquet Zumeta, mandó una circular a los ayuntamientos ocupados por sus tropas en la que advierte que sólo se puede requisar si lo ordena el general jefe del ejército del centro, los generales de cuerpos del ejército o los generales jefes de las divisiones.
Esto no quiere decir que a partir de entonces acaben las requisas durante el resto de la guerra, pero disminuyen y se ralentizan. Antes de hacerlas, los ayuntamientos tienen que informar a los altos mandos y que éstos ordenen llevarlas a cabo. Tampoco quedaba mucho más que requisar.
Por último, no hay que confundir todas estas expropiaciones con la ley de responsabilidades políticas, que castigaba a aquellos que anteriormente formaran parte o que tuvieran familiares en formaciones políticas enemigas del nuevo régimen. A las víctimas de esta ley se les expropiaba propiedades y se les despedía de sus trabajos para entregarles sus puestos y sus bienes a los partidarios de la dictadura.
Años más tarde, durante la dictadura franquista, se intentó devolver la cuantía de lo usurpado a las víctimas de las requisiciones militares en la guerra y a las de la ley de responsabilidades políticas (a estos últimos más tarde). Sin embargo, muchas veces fue demasiado tarde y, en la mayoría de los casos, lo devuelto no fue equivalente a lo expropiado.
Santiago Navascués Alcay.
Lcdo. en historia por la Uni. de Zaragoza.
CESGALLUR 