Y DESPUÉS DE LA DICTADURA, ¿QUÉ?

La pregunta del millón cuando cae cualquier dictadura es la que encabeza esta entrada: «después del dictador, ¿qué?». Esa cuestión rondaba por la cabeza de todos los españoles cuando aquel tipo castizo, Miguel Primo de Rivera, que decía aquello de «a mí no me borbonea nadie», fue «borboneado» y forzado a dimitir por el propio monarca Alfonso XIII.

La respuesta fue una República y, a continuación, en Gallur, el nombramiento de una comisión especial. Ésta estaba formada por concejales del ayuntamiento y su cometido era investigar e informar sobre si, a su juicio, existía alguna responsabilidad para los ayuntamientos que intervinieron en la administración de nuestro municipio durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Eran órdenes que venían desde arriba y que el nuevo ayuntamiento de Gallur tenía que cumplir. El «ayuntamiento de la presidencia», según la documentación que he encontrado, ordenó al ayuntamiento de Gallur que se le entregara un expediente de responsabilidades de las autoridades locales durante la dictadura. Intuyo que ese «ayuntamiento de la presidencia» es el de Borja, ya que Gallur pertenecía al partido judicial de dicha localidad.

Lo que se acordó en la junta formada, con motivo de este requerimiento, fue que una investigación en condiciones necesitaba de una comisión que trabajara durante largo tiempo en estos menesteres. Así que se acordó quienes iban a integrar esta comisión y se prometió al «ayuntamiento de la presidencia» enviarle los resultados de sus trabajos. En ese agosto de 1931 se acordó que todas esas tareas se iniciarían cuando acabara el período electoral.

La Alcaldía, por su parte, se compromete a dictar órdenes para que sus empleados faciliten a la comisión especial toda la documentación y cuántos datos sean necesarios, con el objetivo de investigar las cuentas. Es decir, o durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera las autoridades no cometieron delitos de sangre que reparar, o lo único que importa a las autoridades republicanas posteriores es castigar la corrupción.

Para entenderlo todo mejor, hay que situarse en el contexto previo a la dictadura. Desde el año 1875 hasta 1923, España atravesó por un régimen parlamentario, conocido como la Restaturación, que estaba podrido y corrupto hasta la médula.

Había dos grandes partidos del Régimen (el Partido Conservador y el Partido Liberal), que tenían el apoyo de la Iglesia, y que estaban integrados por los grandes caciques, terratenientes y militares. Ambos partidos se alternaban pacíficamente en el gobierno por medio de unas elecciones, que siempre ganaban porque las amañaban. Durante todo el siglo XIX y hasta la proclamación de la Segunda República, siempre ganaba las elecciones el partido que las convocaba. Había mil maneras de manipularlas.

El acuerdo consistía en que la monarquía, de manera equitativa, unas veces llamaba a convocar las elecciones al Partido Conservador y otras veces al Partido Liberal. Así, esta oligarquía, que formaba parte de estos partidos, se repartía el poder y se alternaba en el gobierno sin necesidad de recurrir a Golpes de Estado.

Quedaban fuera del sistema, sin ninguna oportunidad de representación en los gobiernos: los republicanos, los reformistas, el movimiento obrero, los carlistas y los nacionalistas.

El principal impuesto por aquellos años era el aplicado a la propiedad privada. Como los componentes de los partidos gobernantes eran los caciques y grandes propietarios de tierra, no se hizo un catastro estatal en condiciones, que fuera un reflejo real de la situación en el campo, hasta el advenimiento de la Segunda República. En su lugar, las autoridades locales, manejadas por el cacique de turno, hacían pequeños catastros municipales en los que no figuraban la mayor parte de sus propiedades ni de sus amigos, con el fin de pagar menos impuestos. No se pueden pagar impuestos por unas propiedades cuya existencia no queda reflejada en ninguna parte. Era lo que se conocía como el timo de los amillaramientos.

El crecimiento de las ciudades debilitó la influencia de los caciques en los resultados electorales. Esto, unido a huelgas, revoluciones en Rusia y catástrofes militares, hizo tambalearse al Régimen. Los pucherazos electorales no pudieron evitar la entrada en el parlamento de los que siempre habían quedado apartados. Incluso la propia institución de la monarquía estaba amenazada.

La salvación de los intereses de los que siempre habían poseído España vino de la mano de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que al principio contaba con el respaldo de la monarquía.

Cuando cayó la dictadura, se celebraron unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, que dieron una victoria aplastante, en todas las ciudades, a los partidos republicanos. Era la primera vez que los que convocaban elecciones en nuestro país, las perdían. Las masas enloquecieron y salieron a celebrar el resultado en las calles. El rey Alfonso XIII entendió el mensaje dado por la ciudadanía. Al día siguiente, el 14 de abril, declaró: «los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo me revelan, claramente, que hoy no tengo el amor de mi pueblo». Acto seguido dimitió y se proclamó la Segunda República.

Los que siempre habían gobernado el país, de repente, quedaron apartados del gobierno, y sintieron que les desposeían de algo que era suyo y que les pertenecía. Los recién llegados, que nunca habían gobernado, querían dinamitar las corruptelas, privilegios e influencias de los que les precedieron.

Es ahí, en ese marco, en el que hay que entender la comisión de investigación que se hizo en nuestro pueblo para revisar las cuentas del ayuntamiento durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Al año siguiente, lo que vino fue otra comisión de investigación. Esta vez el objetivo a investigar eran los amillaramientos. Aparecen montones de páginas de gentes con propiedades, que antes no quedaban reflejadas, con el objetivo de hacer un catastro fiel a la realidad del campo.

En esas páginas no aparecen tan sólo unos pocos grandes terratenientes que ocultan sus propiedades. Figuran en ellas una gran cantidad de nombres y tierras. Sin duda alguna, muchos serían pequeños propietarios favorecidos por las grandes familias, a cambio de otros favores (puede que con el voto). Es lo que se conoce con el nombre de redes clientelares. Esas gentes se libraban de pagar los impuestos que les correspondía.

Esto explica muchos apoyos de muchas familias a ciertos partidos, posturas ideológicas y bandos durante la Segunda República y la Guerra Civil. Sería interesante el contraste con la documentación relativa a la Reforma Agraria que emprendieron los gobiernos de la Segunda República y también con las fuentes que dejó la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pero eso es otra historia que dejo para futuros artículos.

Santiago Navascués Alcay

Lcdo. en Historia por la Uni. de Zaragoza