Hoy en día una de las principales demandas de la sociedad es el acceso a una vivienda digna. Hasta la primera mitad del siglo XX, lo primordial para las clases bajas del país era que se hiciera un justo reparto de la tierra. Había una enorme masa de jornaleros, sin más propiedad que sus manos, mientras había enormes extensiones de tierras sin cultivar en España.
La cuestión agraria es un problema de largo recorrido. Para entenderlo bien hay que remontarse a finales del siglo XVIII, a tiempos del Antiguo Régimen, con una sociedad y economía feudales. En aquellos años había reyes, por la gracia de Dios, que gobernaban de manera absoluta y cuya palabra tenía fuerza de ley. El comercio estaba regulado por las ordenanzas de los gremios. No había libertad de culto ni de opinión. Había privilegiados (nobleza y clero) que estaban exentos de pagar impuestos y que tenían privilegios judiciales. Era una sociedad de siervos y señores con una propiedad imperfecta, distinta a la propiedad privada, típica del capitalismo, que conocemos hoy en día. Existía en los señoríos dos dominios:
- El dominio eminente: es el que ejercía el señor. Era el derecho a impartir justicia y a percibir una serie de tributos de sus vasallos.
- El dominio útil: lo ejercían los campesinos y era el derecho a trabajar las tierras, transmitiéndolas a sus hijos a cambio de pagar unas rentas al señor.
La burguesía cada vez se hizo más fuerte y quiso dinamitar este tipo de sociedad y crear un nuevo orden: el liberalismo. Este movimiento político defendía que el poder emanaba del pueblo y no de un rey, que legitimaba su autoridad en el favor de la Divina Providencia. Pretendía que el pueblo eligiera a sus representantes y gobernantes. Era partidario del libre comercio, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de la libertad de culto y de opinión, y de la separación de poderes. Por último, quería acabar con los señoríos y transformarlos en propiedad privada. Ahora bien, al eliminar los señoríos se puede hacer propietario al que ejerce el dominio eminente o a los que tienen el dominio útil.
En Francia todas estas ideas desencadenaron una revolución en 1789, que fue el germen de nuestros actuales sistemas democráticos. En este país el campesinado luchó codo con codo con la burguesía y cuando se eliminaron los señoríos, se hizo propietarios a los que ejercían el dominio útil, así que el campesinado francés accedió a la propiedad de la tierra.
En España, el campesinado estuvo ocupado en luchar contra la invasión francesa, en lugar de hacerlo por el acceso a la propiedad de las tierras que trabajaban. Cuando se consiguió expulsar a los franceses, después de heroicos acontecimientos, como el Levantamiento del 2 de mayo o los Sitios de Zaragoza; Fernando VII recuperó el trono y restableció el absolutismo. Mientras tanto, van triunfando revoluciones liberales en el resto de países europeos. Los señores y nobles españoles vieron entonces que el liberalismo era imparable y se adaptaron. Decidieron aburguesarse para dirigir ellos mismos la revolución y controlar así, el proceso de conversión de los señoríos en propiedad privada. El resultado fue que los antiguos señores se convirtieron en los nuevos grandes propietarios.
La revolución liberal ocurrió en España tras la muerte de Fernando VII, en 1833, y fue controlada por los antiguos señores que se aburguesaron. Los liberales españoles dividían los señoríos en dos tipos: jurisdicionales y de solariego. Si el señorío era jurisdiccional, se consideraba que el señor sólo había poseído la jurisdicción del territorio y al eliminar los privilegios judiciales, se quedaba sin ninguna propiedad. Por otro lado, si el señorío era de solariego se consideraba que el señor era propietario de esas tierras y, al transformar el señorío en propiedad privada, se quedaba con esos terrenos. Decidir si un señorío era de solariego o jurisdiccional era cuestión de juicios, que costaban un dinero, que el campesinado no tenía.
La mayor parte de los señoríos fueron expropiados por el Estado y vendidos en pública subasta sin parcelar ni dividir. Si el señorío era pequeño, los campesinos podían pujar en la subasta pública y hacerse con esas tierras. Si se trataba de un señorío de gran extensión, sólo podían pujar por él, los grandes propietarios.
Que nadie piense que España en esto era diferente al resto de países del entorno. Es cierto que el campesinado francés tuvo un mayor acceso a la propiedad de la tierra que el campesinado español. Pero no es menos cierto, que los campesinos ingleses salieron, de su revolución liberal, peor parados que los españoles. El problema agrario español se agravó considerablemente durante la crisis cerealista de finales del siglo XIX y se arrastró hasta mediados del siglo XX.
Durante todo el siglo XIX el sufragio era censitario y sólo podían votar los que disponían de una elevada cantidad de dinero. Se formaron dos grandes partidos que se alternaban en el poder, que tenían el apoyo de la Iglesia y que estaban formados por los grandes propietarios y las principales personalidades del ejército. Fueron estos partidos, cuyos integrantes, en buena parte, eran nobles aburguesados; los que controlaron el proceso de conversión en propiedad privada de los señoríos.
La alternancia de estos dos partidos en el gobierno era una pantomima porque las elecciones se manipulaban y siempre las ganaba el partido que las convocaba. Quedaban totalmente fuera del sistema los republicanos, el movimiento obrero, los nacionalistas y los carlistas, sin ninguna opción de entrar en el gobierno y de hacer cumplir las demandas de sus votantes.
Con el problema agrario de telón de fondo, fue transcurriendo el siglo XIX, alternándose en el gobierno el partido moderado y el partido progresista. Después del paréntesis de la Primera República, esta alternancia fue reemplazada, hasta el año 1923, por el turnismo entre el partido liberal y el partido conservador. Todo ello tuvo el colofón de la dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta el año 1930. Es decir, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, ocupó el gobierno una élite aristocrática, castrense y nobiliaria, mientras quedaba sin solucionarse el problema agrario.
Durante la Segunda República los nobles aburguesados y los grandes propietarios, que antaño formaron parte del partido moderado y el partido progresista, o del partido liberal y el partido conservador; quedaron relegados del poder. Los que siempre habían estado apartados del sistema (socialistas, republicanos y nacionalistas) empezaron a formar gobiernos y a atender las demandas de sus votantes, que siempre habían estado ignoradas. Una de estas demandas era solucionar la cuestión agraria.
La Segunda República apartó a la Iglesia de la enseñanza y abolió los títulos nobiliarios. También durante estos años se hizo el primer catastro decente de nuestro país. Hasta entonces lo que había eran pequeños catastros locales, mandados hacer por el cacique de turno que gobernaba, en los que se ocultaban sus propiedades para que pagara menos impuestos. Todo esto son ejemplos que reflejan, claramente, el desplazamiento en el gobierno que hubo de los que siempre habían poseído y dirigido el país. Fue este poderoso colectivo, que se sintió agraviado durante la Segunda República, el que estuvo detrás del Golpe de Estado de 1936 que desencadenó la Guerra Civil y la dictadura franquista. Además, hay que añadir como agravantes de la situación: una fuerte crisis económica, el ascenso de los totalitarismos en toda Europa y la inmadurez democrática de los españoles (ni las izquierdas ni las derechas más radicales respetaban los resultados electorales).
Sirva este largo preámbulo para comprender los distintos conflictos que van a haber en nuestra comarca durante la Segunda República por la cuestión agraria.
Durante la Segunda República, la mayoría de las propiedades agrícolas de nuestra tierra estaban en manos de los duques de Villahermosa de Pedrola, el conde de Sobradiel, el conde de Fuenclara de Luceni o en las de los señores López Quílez de la Joyosa (entre un 30% y un 60% de las tierras). Por otro lado, había una masa de jornaleros que, con suerte, poseían una pequeña parcela de regadío con la que subsistir.
Había muchos juicios heredados del siglo XIX, en los que se dirimía si los señoríos de estos condes, señores y duques, eran jurisdiccionales o de solariego. Estos procesos se postergaron hasta el advenimiento de la Segunda República. En estos años, con la urgencia de una crisis económica devastadora, se intentó poner fin a estos litigios de manera precipitada y en muchos casos arbitraria. No había documentación en la que sustentar si un señorío era de solariego o jurisdiccional. La ideología del juez y el momento político del país influenciaban mucho en la resolución de estos casos. Al final, la mayor parte de la propiedad de la tierra quedó en manos de los que siempre la habían ostentado.
Los años treinta, del pasado siglo, son años en los que los sindicatos de trabajadores tienen mucha fuerza. El famoso sindicato anarquista CNT, desde Zaragoza se expandió y, acabó teniendo sedes importantes en Gallur, Pedrola y Alagón. El sindicato más poderoso en la comarca era la UGT, que tenía sedes muy fuertes en Bárboles, Alagón, Remolinos, Luceni, Boquiñeni, Pradilla y Gallur. Los comunistas eran muy pocos y apenas había afiliados al PSOE en la comarca, porque se consideraba que estar afilado a la UGT y al PSOE era equivalente, y la mayoría de los trabajadores optaban por afiliarse a la UGT. Las libertades de la Segunda República y la presencia de un mayor número de trabajadores, a causa del desarrollo de la industria azucarera en la zona, hizo crecer a estas organizaciones y aumentar su participación en la vida pública de estos pueblos.
Mientras tanto, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) no dejó contento a nadie. El objetivo de este organismo era expropiar los terrenos que no tuvieran “cultivadas y labradas todas sus tierras según los usos y costumbres del lugar». Esto asustó a los pequeños y medianos labradores, que se creían que sus intereses coincidían con los de los caciques. Se expropió y se vendió las tierras de los grandes señores de la comarca, arriba mencionados. Gallur no figura entre los pueblos con mayor número de beneficiados por estas ventas (Figueruelas, Boquiñeni, Pradilla, y Cabañas) ni entre los que menos (Alagón, La Joyosa, Torres y Alcalá).
El problema es que estas expropiaciones se hicieron en un momento en que la industria azucarera del lugar entró en crisis. Se producía más azúcar del que se consumía, así que se obligó a reducir la producción a la mitad para que no bajaran los precios del producto en demasía. A consecuencia de esto, los empresarios agrarios de la remolacha se arruinaron. Además, las expropiaciones iban muy despacio, los trabajadores quedaban insatisfechos e hicieron ocupaciones ilegales. Los propietarios se sintieron indefensos, ante la pasividad de las autoridades, y se tomaron la justicia por su mano, organizando escuadrones de defensa.
Se forjaron dos bandos y una sociedad muy violenta que, posiblemente, llegó a un punto de no retorno con la huelga general de 1934. Ésta, en algunos puntos del país, tuvo mucho de insurrección contra un gobierno de derechas que había ganado las elecciones democráticamente. En la comarca hubo algún momento tenso, especialmente en Gallur y en Pradilla.
La represión quizás fue brutal y desmedida. Digo quizás porque no deja de ser un juicio subjetivo. El caso es que se saldó con un número considerable de muertos y encarcelados. Sea como fuera, a partir de aquí, tanto los conservadores como los obreros, radicalizaron sus posturas.
Muchas de las víctimas de los fusilamientos de los golpistas, en nuestra comarca y en los inicios de la guerra, fueron los beneficiarios de la Reforma Agraria de la Segunda República.
Santiago Navascués Alcay
Lcdo. en historia por la Universidad de Zaragoza
BIBLIOGRAFÍA
Hernández, J.L y Aibar Bielsa, J. (2005); «La peor riada. La Guerra Civil en la Ribera Alta del Ebro», en Comarca de Ribera Alta del Ebro, pp. 117-128.
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